Ángela Bachiller es la primera persona con síndrome Down concejal en un ayuntamiento español, correspondiente al de Valladolid.

Aunque la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada en 2007 por España, les reconoce este derecho, hay jueces que se la han retirado durante el proceso de discapacitación.

La federación Dincat, que agrupa entidades que trabajan con discapacitados intelectuales, reclama que se respete el derecho a voto de este colectivo.

Miguel tiene 59 años. Trabaja de jardinero, vive de forma independiente en su piso, tiene interés por la política, pero no puede votar. El juez que dictaminó su grado de discapacidad determinó que se le debía retirar el sufragio cuando murió su madre. Él reclama que se le restituya este derecho.

Muchas personas con discapacidad se encuentran en la misma situación, aunque la legislación les reconoce el derecho a sufragio. Sentencias anteriores a la ratificación por parte de España de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad todavía privan de este derecho a muchos ciudadanos.

Dincat asesora a las personas con discapacidad sobre su derecho a voto y ha elaborado un dossier de lectura fácil sobre el funcionamiento de la democracia y la vida política.