El Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y La Red Iberoamericana de Personas con Discapacidad Física (La RED), presentaron un Diagnóstico Participativo en septiembre de 2020, cofinanciado por la Fundación ONCE y la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre el cumplimiento del proyecto “Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad en República Dominicana”,

La intención del Diagnóstico Participativo es desvelar si se han visto garantizados los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad desde 2014 hasta el presente para, posteriormente, sugerir líneas de actuación que favorezcan la garantía de estos derechos.

Generalmente, las mujeres con discapacidad no son vistas como ciudadanas de pleno derecho ni se encuentran incluidas en distintos ámbitos de la sociedad, como son el laboral, el de la educación, la participación política y en la toma de decisiones de su día a día.

El Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas reconoce que las mujeres con discapacidad están sometidas constantemente a discriminación por su discapacidad. Dicha discriminación se incrementa directamente con la exclusión que supone el hecho mismo de ser mujer, sumado a otros aspectos que crean desigualdades como la raza, etnia, estatus socioeconómico, diversidad sexual, etc. Estos diversos niveles de discriminación obstaculizan el ejercicio de sus derechos individuales, como la sexualidad, la reproducción y la participación social.

Los estigmas sociales en el entorno cercano de la mujer con discapacidad la limitan en el ejercicio de su derecho sexual y reproductivo ya que es vista eternamente como una niña y, por otro lado, como promiscua si decide disfrutar de una vida sexual sana. En este sentido, es necesario romper estos estigmas, eliminando los factores que la hacen vulnerable y perpetúan una imagen de la mujer con discapacidad basada en prejuicios.

En 2015 el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un documento en el que se examinaron los compromisos asumidos por el Estado de República Dominicana y se tomaron en cuenta una serie de recomendaciones entre las que se encuentran:

  • Asegurar la accesibilidad de todas las personas con discapacidad a los centros de salud.
  • Eliminar prejuicios,
  • Realizar una campaña de formación y sensibilización del personal de salud e incluir en el temario de las carreras superiores la discapacidad como un eje transversal.
  • Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud en las zonas rurales y remotas, especialmente a las poblaciones migrantes y descendientes de haitianos.
  • Establecer un certificado que registre a todas las personas con discapacidad para permitirles el acceso a los servicios públicos y programas sociales diseñados específicamente para ellas.
  • Incluir dentro de los servicios ofrecidos la atención psicológica con enfoque de género.

Al final del Diagnóstico Participativo elaborado por CIMUDIS, COCEMFE y LA RED, se presentan una serie de conclusiones generales y algunas recomendaciones estratégicas. La revisión de fuentes secundarias, así como la recolección de información de primera mano a través de encuestas, entrevistas y grupos focales, recalca, que en 2020 la situación es levemente mejor que en el 2014.

La mayoría de las mujeres con discapacidad (65%) informan que los servicios de salud son accesibles, especialmente los servicios generales e informativos y servicios de salud reproductiva, como la planificación familiar, pruebas de embarazo y controles prenatales. Sin embargo, la esterilización y los abortos seguros son valorados como menos accesibles.

Valoran como muy accesibles las pruebas de Papanicolau o citologías vaginales, aunque un 24% en edad reproductiva y sexualmente activa declara no haberse hecho nunca esta prueba debido a la desinformación y los tabúes.

El 93 % de las mujeres conocen métodos anticonceptivos, pero sólo un 62% lo ha usado o lo usa en la actualidad.

El 74 % de las mujeres con discapacidad conocen sus derechos sexuales y reproductivos, pero es un tema que aún no está interiorizado.

El 91% de las familias encuestadas identificó que las mujeres con discapacidad deben ser protegidas y requieren de un cuidado especial.

La adopción de la Norma Dominicana sobre Accesibilidad al medio físico de 2017 permitirá eliminar las barreras arquitectónicas en el país para garantizar la accesibilidad de todas las personas, teniendo en cuenta la diversidad.

En conclusión, la mayoría de las mujeres entrevistadas recalcaron que en la República Dominicana las leyes garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, pero hay un desfase en cuanto a la aplicación. Aunque ha habido avances, aún queda mucho por conseguir. Es un gran reto por el que luchar.

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